La rápida velocidad con la que se está desarrollando la nueva revolución, que algunos denominan «Cuarta Revolución Industrial», nos está obligando a un permanente ejercicio de puesta al día para mejorar la competitividad de las empresas y para actualizar las capacidades profesionales de las personas que conforman nuestros equipos.
La globalización de los mercados y la aparición de nuevas tecnologías nos están exigiendo una inversión constante en el recurso más importante con el que contamos, como es el capital humano. No debemos olvidar que el conocimiento es un factor de producción que incide positivamente en la productividad de las empresas, así como en la capacidad para innovar, elemento indispensable en una economía del conocimiento como la actual.
Sin embargo y a pesar de ello, las Grandes Corporaciones y Empresas han realizado ajustes en sus cuentas de resultados mediante reducciones en las partidas de gastos, con el fin de mejorar sus ratio de eficiencia. En estos casos, siempre ha existido la tentación de efectuar los primeros recortes, en algunos casos «mutilaciones», en los presupuestos dedicados a la formación, siendo imprescindible por tanto para los responsables de los departamentos de formación tener que buscar fuentes complementarias que les permitieran desarrollar sus proyectos formativos.
Dentro de las diferentes posibilidades que se ofrecen, se encuentra el sistema de «Formación de Demanda», más conocido como «Formación bonificada».
Este sistema, puesto en marcha en el año 2004, se financia básicamente con los fondos provenientes de la cuota de formación profesional que aportan las empresas y los trabajadores y que recauda la Seguridad Social – unos dos mil millones de euros en el año 2017 -, si bien es cierto que dicho importe se destina no sólo a la formación de trabajadores ocupados, sino también a la de desempleados y a otras políticas de empleo.
Una de las grandes ventajas que tiene este sistema es que cada empresa diseña su formación en función de sus propias necesidades, presentes o futuras, y la financia con bonificaciones o descuentos en sus cotizaciones a la Seguridad Social, una vez que ha desarrollado la misma.
Quizá conviene recordar que todas las empresas disponen de un «crédito anual» para financiar la formación de sus trabajadores cuyo importe se obtiene al aplicar un porcentaje que se determina anualmente, sobre la cuantía ingresada el año anterior en concepto de cuota de formación profesional. Si no aplican dicho crédito, durante el año natural, lo pierden, lo que resulta una gran pérdida económica y de oportunidad, tanto para la entidad aseguradora o financiera como para sus empleados.
Algunas Grandes Corporaciones y Empresas , aunque lo conocen bien y lo utilizan, no lo optimizan. Es decir no consiguen utilizarlo adecuadamente y tampoco se acercan a alcanzar el 100% de utilización de su crédito anual de formación.
Este sistema ha supuesto un avance sustancial respecto del modelo anterior que descansaba en un complejo procedimiento de tramitación de subvenciones que otorgaban los órganos bipartitos o tripartitos que lo gestionaban (FORCEM, Fundación Tripartita, etc.), introduciendo un mecanismo mucho más ágil, transparente y automático, que permite a las empresas una mejor y más continua planificación de su formación.
ASOLFER, gestiona más de seis millones de euros de sus clientes, que renuevan anualmente su confianza en nuestra empresa de servicios profesionales, que es a su vez, gestora referente para la Fundació Estatal para la Formación y el Empleo (FUNDAE)