A pesar de las expectativas generadas en el sector de la formación ante la reforma del modelo de formación profesional para el empleo, a la fecha, siguen sin percibir los beneficios de la misma.
Tienen que hacer más por menos (reducciones de los módulos económicos y de los gastos asociados y/o organización), no pueden tener beneficio empresarial al tratarse de subvenciones, se ha incorporado un nuevo sistema de fraccionamiento de los pagos lo que está generando importantes tensiones financieras, se ha incrementado sustancialmente la burocracia (inscripción en registros, más papeleo, petición de desempleados a los Servicios Públicos, etc.), así como las exigencias (plataformas, tutores, dos certificados, etc.), que en la mayoría de los casos no van alineadas con un incremento de la calidad.
Un ejemplo claro de todo ello, es la futura Convocatoria 2016, en la que se ha incluido una Metodología de Valoración que hace que los proyectos sean muy difíciles de ejecutar, llegando a incluir un cuadro con una tasa de incumplimiento de las condiciones de valoración técnica que se ha endurecido hasta tal punto que con una desviación superior a 10 puntos la liquidación a cobrar es 0 euros.
Se han incluido nuevas exigencias a las Entidades Organizadoras (contratar directamente a los proveedores de formación de sus propios clientes, deben factura a sus clientes por servicios de formación que no imparten soportando un IVA que no les corresponde, etc.) de difícil cumplimiento.
Además, la reforma ha favorecido a los Centros de Formacion públicos, quienes juegan con una importante ventaja competitiva al ser financiado con fondos procedentes del presupuesto público.
Todo ello está llevando a una importante reestructuración del sector de la formación, que mantiene unos 150 mil empleos en nuestro país, haciendo que muchos de los centros de formación estén cerrando o en vía de extinción.
